Por: Rosemary Castañeda Álvarez
Abogada y Docente universitaria.
Conceptualizando el principio democrático, como ya sabemos la democracia se fundamenta en varios principios como son: la división de los poderes, la solidaridad, igualdad, honestidad, libertad, justicia social y tolerancia; es por ello, que la legitimación de la función que desempeñan los jueces debería sentar sus bases en el principio democrático.
En Panamá, existe un sistema de gobierno democrático, el cual está basado en la separación de los poderes porque escogemos nuestras autoridades en las urnas cada cinco años, pero en lo que respecta a las escogencias de las autoridades judiciales no se hace de la misma forma, sino que los mismos se deben al poder ejecutivo y al poder legislativo; específicamente, estas escogencias se realizan a través de un listado de aspirantes, a los puestos de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, las cuales son enviadas al ejecutivo; por ende, el Presidente de la República es quien escoge al aspirante de su agrado o de su partido político, luego pasa al Órgano Legislativo para su ratificación. Posterior, es aquí donde el principio democrático se desvirtúa porque vemos que hay injerencia del ejecutivo y del legislativo en las escogencias de las autoridades judiciales y pueden darse las malas interpretaciones o intromisiones en este órgano del estado. Aunque, en nuestro país, está fundamentado en la ley la forma de escoger a nuestras autoridades judiciales, no es la mejor y, por tal motivo, se dan algunas malas prácticas en las funciones de los jueces. Lo ideal sería que las autoridades judiciales sean escogidas a través de la meritocracia para que los profesionales del derecho más capaces ejerzan los puestos en base sus méritos y experiencias.
Era preciso mencionar todo lo concerniente a las escogencias de las autoridades judiciales, ya que de allí se fundamenta la legitimidad en las funciones que los mismos ejercen. Un juez o magistrado de justicia nunca podrán ser objetivos ni autónomos en sus decisiones si sienten que sus puestos se lo deben a otro órgano del estado y, es por tal motivo, que la separación de los poderes, en un estado democrático, debe ser la base fundamental para que desarrollen todas sus actividades.
No solo la legitimación de las función de los jueces están en las influencias de los otros poderes del estado, sino también en el cuarto poder que son los medios de comunicación y más en este era donde la tecnología por medio de las redes sociales ejercen un rol sumamente influyente, es más, pongámonos en este mismo tiempo donde por motivos de la pandemia mundial que vivimos estos medios tecnológicos son vitales para la comunicación.
Tanto los medios de comunicación como las redes sociales, en las últimas fechas han jugado un papel muy importante en las decisiones o en las actuaciones de nuestras autoridades judiciales, es muy penoso reconocerlo, ya que hemos visto fallos muy lamentables emitidos por jueces y magistrados donde lo que se observa la presión de medios de comunicación tanto escrito como digitales y televisivos.
Concluyo con una recomendación muy particular para todos los jueces y magistrados, de esta colega litigante, que en su momento también desempeñó un rol similar, sean independientes, autónomos, objetivos y utilicen siempre la sabiduría y la sana critica para todos los fallos y sentencias que vallan a emitir, toda vez que siempre se trata de personas, ya que las partes involucradas en un proceso siempre son personas, malas o buenas, no sabemos, pero lo cierto es que de ustedes dependen la credibilidad de un sistema o mas bien la credibilidad de un órgano tan importante para la funcionabilidad de un estado como lo es el ÓRGANO JUDICIAL.
