Por Luis Carlos Samudio G
Abogado – Docente – Mediador
Ante el problema de la inseguridad que se vive y se percibe, desde los años 90 hasta el presente siglo, las respuestas que han programado en materia de políticas de seguridad pública ciudadana, los gobernantes y legisladores; en la actualidad diputados, no han sido eficaces para reducir la criminalidad. Por lo tanto, convirtiéndose en problemas sociales, económicos y políticos; toda vez que, no han satisfecho el clamor ciudadano por el aumento geométrico de la criminalidad.
En cada quinquenio presidencial, los gobernantes han adecuado sus políticas y estrategias para combatir las conductas delincuenciales en materia de Seguridad Pública así: Endara “Fortalecimiento institucional, en represión del crimen”; Pérez Balladares “Guerra a la criminalidad”; Moscoso “Mano dura”; Torrijos “Mano amiga”; Martinelli “Seguridad integral”; Varela “Barrios seguros”; Cortizo “Seguridad para todos” Prevención, Represión y Resocialización.
Agregamos que, en los tres primeros quinquenios presidenciales, los presupuestos fueron paupérrimos, sin embargo; para los tres siguientes quinquenios fueron exorbitantes y cuyos resultados medibles ha sido preocupantes por los aumentos de la criminalidad, donde el presente periodo no escapa de esa realidad. Además, sus instituciones han sido penetradas y vulneradas por el crimen organizado de forma vertical y horizontal.
Por otra parte, el análisis amerita considerar que los programas y planteamientos estratégicos propuestos para lograr sus objetivos en cada periodo, los gobernantes han manifestado su responsabilidad de luchar contra la delincuencia, además apuntan que no les temblará la mano para combatir la criminalidad, ante el problema que aflige e impacienta a los ciudadanos.
Las estrategias de seguridad pública, emitidas por los regentes de seguridad actuales, indica la composición de estos grupos delincuenciales en aproximadamente 159 pandillas. Sin embargo, la eficacia para neutralizar a estos grupos del crimen organizado pareciera no tener los antídotos para frenar de manera convincente esta estructura delincuencial.
Por tanto, la inseguridad sigue rampante, siendo uno de los principales problemas y preocupaciones de los mandatarios, convirtiéndose así en el Talón de Aquiles para los gobernantes y la familia panameña, cimentada por la falta de la ejecución de políticas públicas de seguridad ciudadana y otros factores políticos, que no han establecido una coordinación lógica y cónsona para atender el tema como problema de Estado, con el acuerdo y participación de todos los actores sociales involucrados.
Para tal efecto, destacamos que desde la época de los noventa hasta al presente, las preocupaciones no han variado, son las mismas para los gobernantes, empero, se vierten ideas y programas, se consulta pero no se forman equipos integrales que tengan la voluntad de colaborar y ayudar en esa dirección de manera objetiva, con aportes concretos que puedan ser valorizados por los hechos delictivos.
Finalmente, es importante ponderar que la Política Criminal, se ha visualizado de forma distinta en cada uno de los periodos presidenciales, por ende, se debe entender y comprender el fenómeno criminal utilizando los sistemas de información geográfica, el mapa de crímenes geo-referenciados de cada uno de los grupos criminales, a la vez que, les permita actuar por prudencia sin violentar los derechos humanos de las personas que delinquen, pero con una operatividad activa, flexible y contundente.
Juntos trabajemos a favor de la paz y la convivencia pacífica.
