Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP)

El Sistema Penitenciario de Panamá se “funda en principios de seguridad, rehabilitación y defensa social”, tal como lo indica el artículo 28 de la Constitución Política de Panamá, que además prohíbe la aplicación de medidas que lesionen la integridad física, mental o moral de los detenidos y se ordena establecer la capacitación de estos, en oficios que les permitan reincorporarse útilmente a la sociedad.

En miras a cumplir con esta misión, la entidad ha sufrido diversas transformaciones a través de su historia. Al inicio de la Época Republicana, la dependencia rectora de las cárceles estaba bajo la jurisdicción de la Secretaría de Gobierno y Justicia, y los centros reclusorios se encontraban en el Presidio de Chiriquí, ubicado en Las Bóvedas, provincia de Panamá y los cuarteles de Policía (hoy Estaciones de Policía), en las cabeceras de las provincias.

Para mejorar el tratamiento de los reclusos, se promulgó el Decreto 15 de 29 de enero de 1920 donde se estableció y organizó de manera provisional la primera colonia penal en la Isla Coiba. Un año después, mediante la Ley N° 2 de 28 de enero de 1921, se dispone la construcción de cárceles modelo en las provincias de Panamá y Colón.

Posteriormente, mediante el Decreto N° 83 de 1 de junio de 1925, se formalizó la Isla Penal de Coiba, cuya organización se centró en brindar seguridad y tratamiento de resocialización, sin agravio a sus derechos humanos a los privados de libertad, quienes se seleccionaron con penas mayores a los 4 meses. De esta forma, quedaron como cárceles de media y baja seguridad el Presidio Chiriquí y los demás centros del país.

En 1941 se publicó la Ley N° 87 de 1 de julio de 1941, el cual estableció que los “establecimientos penales tienen  por objeto la reclusión de los condenados a sufrir penas privativas de la libertad, teniendo en cuenta que las cárceles son lugares de seguridad de expiación, no de castigo, por lo tanto, queda prohibida toda severidad que no sea necesaria para la custodia  y enmienda de los presos”.

Al siguiente año, se promulga el Decreto N° 467 de 22 de julio de 1942, por el cual se creó bajo la dependencia de del Ministerio de Gobierno y Justicia, el Departamento de Corrección, el Instituto de Vigilancia y Protección del Niño, una Clínica Psiquiátrica y se dictan otras medidas.

En años subsiguientes se producen eventos significativos en la historia de la entidad. Se promulgó el Decreto N° 18 de 20 de marzo de 1945, por el cual se creó y se reorganizó un establecimiento denominado “Centro Femenino de Rehabilitación”, bajo la dependencia del Departamento de Corrección y dónde se eliminó de la Cárcel Modelo y el Reformatorio de Mujeres Delincuentes, trasladándose al Centro Femenino en la provincia de Los Santos, dentro de las instalaciones del Hospital Psiquiátrico.

En 1964 se inauguró las instalación del actual Centro Femenino de Rehabilitación, Cecilia Orillac de Chiari (CEFERE), ubicado en la Vía Domingo Díaz, en primera instancia, administrado en contrato por la Congregación Religiosa de las Hermanas del Buen Pastor, quienes se encargaban de implementar los programas, planes y métodos científicos de resocialización. En 1984 la administración pasó a manos del Departamento de Corrección.

En virtud a la firma de los tratados Torrijos-Carter el 7 de septiembre de 1977, el 31 de diciembre de 1980, la administración del antiguo penitenciario de Gamboa se trasladó al Departamento de Corrección. Este centro se conoce cómo el Centro Penitenciario El Renacer, como experiencia piloto en la implementación de programas de rehabilitación y humanización de dicho Departamento.

Otro evento fue la demolición de la Cárcel Modelo, ubicada en El Chorrillo, provincia de Panamá, el 10 de diciembre de 1996, cómo símbolo de repudio a las violaciones de los derechos humanos que se dieron en este penal, por lo que se reubicó a la población en los Centros Penitenciarios La Joya y La Joyita, distrito de Panamá.

Luego de 54 años, en noviembre de 1996, el Gobierno de España presentó una oferta de asistencia técnica y financiera para el mejoramiento del Departamento de Corrección, enmarcado dentro de un proyecto global denominado “Asistencia al Sistema de Ejecución de Penas y Rehabilitación del Recluso”, a través del denominado Convenio de Cooperación España-del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El Proyecto tuvo como objetivo sentar las bases para una adecuada planificación y ejecución de un plan de reforma integral del sistema penitenciario e igualmente establecer los mecanismos necesarios para una adecuada coordinación entre el Ministerio de Gobierno y Justicia, el Ministerio Público y el Órgano Judicial, en todo lo que se relaciona al proceso penal y la ejecución de penas.

A juicio de consultores internacionales, el Departamento de Corrección “no presentaba una organización eficiente al darse una importante confusión de papeles de competencias”, además contaba con una estructura organizativa de funcionamiento vertical, donde todas las decisiones recaían sobre el director general, produciendo un embotellamiento en el flujo del trabajo y una virtual ausencia de responsabilidades a otros niveles jerárquicos.

Cambio de nombre

Se da otro paso significativo con la firma del Decreto Ejecutivo N° 139 de 16 de junio de 1999, donde el Departamento de Corrección sufre una transformación en su estructura organizativa y denominación, pasando a ser la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), adscrita al Ministerio de Gobierno y Justicia bajo la Ley N° 55 de 30 julio de 2003.

Dos años más tarde, se publica el Decreto 393 de 2005 que Regula la DGSP y, de acuerdo al artículo 132 de la Ley 55 de 20 de julio de 2003, se ordenó que en un periodo no mayor a un año, reglamentar por conducto del Ministerio de Gobierno y Justicia, todo lo relacionado con el Sistema Penitenciario.

Mientras que de 2010 a 2017, el Ministerio de Gobierno, la DGSP y la Academia de Formación Penitenciaria (AFP), recibieron el apoyo de la Oficina Regional de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para Centroamérica y el Caribe en Panamá (UNODC ROPAN), en el proceso de la Reforma Penitenciaria Integral con los programas PANX12, PANZ24 y PANZ59, como asistencia técnica directa para tratar temas como el hacinamiento, la gran población de personas en prisión preventiva, falta de capacitación del personal y violaciones a los derechos humanos, todo esto con el financiamiento de la Embajada de los Estados Unidos de América (INL) y la Unión Europea.

Ejecución de la Carrera Penitenciaria

Trece años pasaron desde la firma de la Ley 55 de 20 de julio de 2003 y se escribió un hito en la historia de la DGSP, cuando se firmó la Ley 42 de 14 de Septiembre de 2016 que desarrolla la Carrera Penitenciaria y dicta otras disposiciones, dando paso a una transformación real de la entidad, en su recurso humano (sentido de pertenencia de los custodios penitenciarios y el personal técnico), en la búsqueda de una resocialización efectiva de las personas privadas de libertad.

Ese mismo día se promulgó el Decreto Ejecutivo 180 que Reglamenta la Ley 42 de 14 de septiembre de 2016, documento que tiene el propósito de desarrollar las disposiciones y los conceptos plasmados en la Ley 42 de 2016, en adelante Ley de Carrera Penitenciaria, a fin de fundamentar el desarrollo de políticas, normas y procedimientos inherentes a dicha carrera, sobre la base de la aplicación de los procesos y de las disposiciones legales establecidas.

El 14 de septiembre de 2017 entró en vigencia la Ley de Carrera Penitenciaria. Adicional, se promulgó la Ley N° 4 de 17 de febrero de 2017 que reforma el Código Judicial, el Código Penal y el Código Procesal Penal sobre medidas que eviten el hacinamiento en centros penitenciarios y dicta otras disposiciones, así como la Resolución No. III-R-73 de 14 de septiembre de 2017 que aprueba el Código de Ética del Servidor Penitenciario.

Censo Penitenciario

El 6 de marzo de 2018 se dio inició al Censo Penitenciario de Panamá, que abarcará a la población adulta privada de libertad y cuyos resultados permitirán conocer la situación de las personas privadas de libertad de todo el país, para el seguimiento de las políticas públicas en materia de prevención, seguridad y resocialización.

Este proyecto es el resultado de una donación no reembolsable, a través de una alianza interinstitucional entre el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Seguridad Pública (MINSEG), el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF), en coordinación con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de la Contraloría General de la República (INEC), como parte del Proyecto de “Cooperación en Seguridad con Panamá” (SECOPA), financiado por la Unión Europea y administrados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Directores

En los 78 años de institución, un total de 33 directores han ejercido la Dirección de la entidad encargada de custodiar a las personas privadas de libertad, de estos 19 al frente del Departamento de Corrección y 13 como Director General del Sistema Penitenciario (actualidad).  Del total, 6 mujeres han estado al frente de la entidad.